Historia
15 de nov de 2026

Actualizado el 16/11/2026

El Tribunal Supremo debe decidir si Trump puede cerrar la puerta del asilo antes de que alguien llame

La administración afirma que la suspensión del asilo es esencial para controlar la frontera; quienes la impugnan dicen que el Congreso otorgó a los migrantes el derecho a solicitarlo. La decisión del Tribunal Supremo podría definir hasta dónde llega el poder presidencial.

El Tribunal Supremo está sopesando un conflicto que va más allá del control fronterizo: si un presidente puede impedir que los migrantes soliciten asilo, o si la ley federal exige que el gobierno escuche sus solicitudes.

La administración Trump presenta la política como una respuesta a unos sistemas fronterizos desbordados y a los largos plazos de tramitación de las solicitudes de asilo. En su recurso, el procurador general D. John Sauer la calificó como una de las «iniciativas políticas más importantes» de la administración y sostuvo que suspender la entrada y el acceso al asilo era necesario para asegurar la frontera sur. La administración afirma que, de otro modo, las personas podrían ser liberadas en el país mientras sus casos siguen pendientes, incluso cuando finalmente se rechacen sus solicitudes.

Los tribunales inferiores han adoptado la postura opuesta: ni la Constitución ni la ley federal de inmigración otorgan al presidente autoridad para sustituir los procedimientos establecidos por el Congreso. Un juez de distrito determinó que las restricciones eran ilegales, y un tribunal de apelaciones dividido confirmó ese fallo al concluir que la política excedía la autoridad presidencial.

La disputa gira en torno a una distinción que ambas partes reconocen. El poder ejecutivo decide si concede el asilo, pero quienes impugnan la política sostienen que decidir sobre las solicitudes no es lo mismo que impedir que las personas las presenten. Según afirman, la ley federal permite que las personas soliciten protección independientemente de cómo hayan entrado en el país; la administración sostiene que puede denegarla de forma general a los migrantes comprendidos en la política y que no tiene que aceptar solicitudes que espera rechazar.

Esa cuestión jurídica coexiste con versiones contrapuestas de la situación en la frontera. La administración señala los retrasos en la tramitación y los cruces ilegales como justificación de la suspensión. Los abogados defensores de los derechos de los inmigrantes responden que los cruces ya estaban disminuyendo antes de que Trump asumiera el cargo y califican la orden de intento de «desmantelar» las protecciones para quienes huyen del peligro. La política sigue vigente mientras se desarrolla el litigio. Cuando los jueces escuchen el caso, su fallo podría determinar no solo el destino de esta prohibición, sino también los límites del poder presidencial sobre el acceso al asilo.