Historia
20 de nov de 2026

Los cargos contra McIver por el caso de ICE superan la apelación mientras ella denuncia una persecución política

Un tribunal federal de apelaciones ha mantenido los cargos contra la congresista LaMonica McIver por un altercado en un centro de detención de inmigrantes. El fallo agudiza la disputa sobre si el caso se centra en el uso de fuerza presuntamente ejercido o en la labor de supervisión de una legisladora.

Un tribunal federal de apelaciones ha mantenido vigentes los cargos penales contra la congresista LaMonica McIver, que ahora podría ir a juicio por un altercado en un centro de detención de ICE. La decisión ha intensificado el enfrentamiento sobre si el caso constituye un procesamiento legítimo por presuntos actos de violencia o un intento políticamente motivado de castigar la labor de supervisión del Congreso.

El Tercer Circuito se negó a volver a examinar el caso de McIver y confirmó un fallo anterior que rechazó su alegación de inmunidad en virtud de la cláusula constitucional sobre libertad de expresión y debate. Fue acusada tras una visita en mayo de 2025 a Delaney Hall, donde a ella y a otros funcionarios se les negó la entrada. Durante un intento de arrestar al alcalde de Newark, Ras Baraka, McIver presuntamente intervino; las autoridades federales afirman que golpeó a agentes. Posteriormente se retiraron los cargos contra Baraka, mientras que McIver se declaró inocente.

McIver y sus partidarios presentan el procesamiento como una represalia por supervisar un centro sometido a escrutinio. Ella dijo que el fallo acercaba al país a un mundo en el que un presidente pudiera «intentar encarcelar a personas simplemente porque no le gusta lo que defienden». La versión progresista también sitúa el caso en el contexto de las preocupaciones por las condiciones en Delaney Hall, incluidas las muertes bajo custodia, y las críticas de McIver a las medidas migratorias del Gobierno.

La versión conservadora pone el énfasis en el razonamiento jurídico del tribunal, en lugar de en la advertencia política de McIver. En su decisión anterior, el tribunal dijo que «golpear a alguien por la fuerza» era «indiscutiblemente una conducta no legislativa», lo que debilitaba su alegación de que su conducta estaba protegida como parte de su labor oficial. También señala que tres jueces estaban a favor de volver a examinar el caso, pero la petición no obtuvo suficiente respaldo. McIver podría pedir al Tribunal Supremo que revise el caso.

Ambas versiones coinciden en que el fallo mantiene los cargos y en que la disputa comenzó durante un intento de visita del Congreso. Difieren en lo que esto significa: el lado de McIver ve una advertencia sobre el poder político, mientras que el razonamiento del tribunal, tal como lo presenta el medio conservador, traza una frontera entre la supervisión legislativa y la presunta conducta física.