Historia
21 de nov de 2026

El plan de Mamdani para Rikers promete reformas, pero deja una brecha de 2.500 personas

Mamdani afirma que Rikers Island cerrará para 2032, pero las cárceles propuestas como reemplazo tendrían capacidad para miles de personas menos. La demora y la brecha de capacidad ponen a prueba la promesa de reforma del plan.

Cerrar Rikers Island es una reforma prometida desde hace mucho tiempo; hacer que las cifras cuadren es la parte más difícil. El plan del alcalde Zohran Mamdani aplaza el cierre hasta 2032, varios años después del plazo legal de la ciudad, y propone cárceles de reemplazo con muchas menos plazas de las que requiere la población actual.

La postura de Mamdani se basa tanto en las condiciones de Rikers como en la posibilidad de cambiar la forma en que la ciudad trata a las personas que esperan juicio. Su administración describe la cárcel de la isla como insegura y aislada, y afirma que nuevas instalaciones en los distritos, junto con inversiones en programas comunitarios y supervisión, pueden reducir la dependencia de la detención. Más del 85 por ciento de las personas recluidas en Rikers esperan juicio, según la cobertura citada en el plan; Mamdani afirma que la ciudad no debería detener a nadie más tiempo del necesario.

El desafío práctico es contundente. Un cálculo sitúa la capacidad propuesta en 4.160 plazas, frente a una población actual de 6.600 personas, lo que implica que habría que liberar o desviar de la cárcel a unas 2.500 personas. Otra fuente ofrece cifras algo distintas —unas 4.100 plazas y casi 6.700 personas bajo custodia—, pero señala el mismo déficit. Quienes apoyan el plan presentan la derivación a programas alternativos, un intercambio más rápido de pruebas y la reducción de los retrasos judiciales como vías para lograr un sistema más humano. Pero la brecha de capacidad convierte esas medidas en algo central para el cierre, no en complementos opcionales.

El calendario acentúa la tensión. La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, afirma que los retrasos de administraciones anteriores demuestran que se necesita más tiempo, mientras que la ley vigente fija como plazo agosto de 2027, fecha que habría que cambiar. Los titulares escépticos se centran en el calendario de seis años y advierten que «hay una trampa», pero el material proporcionado, que solo incluye titulares, no ofrece más detalles sobre esas objeciones.

Así que la prueba del plan no consiste simplemente en determinar si Rikers cierra. Consiste en saber si la ciudad puede reducir la detención lo suficiente para que las nuevas cárceles tengan capacidad, sin convertir una reforma aplazada en una promesa que siga fuera de alcance.

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