Historia
21 de nov de 2026

El fallo sobre genocidio de Myanmar pone a prueba el compromiso mundial con el derecho internacional

El histórico fallo de la CIJ presiona a Myanmar para que responda por el genocidio rohinyá, mientras deja al descubierto una división entre el firme respaldo de la UE al tribunal y la respuesta más cautelosa de Washington.

La Corte Internacional de Justicia ha emitido un fallo sin precedentes contra Myanmar: sus fuerzas cometieron genocidio contra los rohinyás. La sentencia es un hito en el derecho internacional, pero las respuestas de Washington y Bruselas revelan distintos niveles de confianza en la autoridad del tribunal y en la presión que puede ejercer su fallo.

La decisión del tribunal marca la primera vez que la CIJ ha declarado a un Estado responsable de genocidio. El relato conservador subraya la magnitud del fallo y señala que el tribunal identificó asesinatos, violencia sexual y ataques contra niños. El juez presidente Yuji Iwasawa dijo que las fuerzas de seguridad de Myanmar «mataron a miles de civiles rohinyás» y cometieron actos de violencia generalizados.

El relato liberal se centra menos en el umbral jurídico en sí que en lo que viene después. Señala que Estados Unidos está examinando el fallo y advirtió contra la «politización» del tribunal, al tiempo que expresó profunda preocupación por los abusos que continúan y destacó su papel como el mayor donante humanitario individual para la respuesta a la crisis rohinyá. La Unión Europea adoptó una postura más contundente: calificó la decisión de hito y afirmó que cumplir los fallos de la CIJ es una obligación, no una opción.

Ese contraste importa más allá de Myanmar. El fallo podría influir en futuros casos de genocidio, incluido el caso de Sudáfrica contra Israel, al que Washington se ha opuesto y que Israel niega. Sin embargo, el fallo del tribunal no resuelve por sí solo cómo se exigirá rendición de cuentas a Myanmar. La exigencia de cumplimiento inmediato de la UE transmite confianza en el derecho internacional; la respuesta de Estados Unidos es más cautelosa, aunque reconoce la gravedad de los abusos. Ambas posturas reconocen el sufrimiento de los rohinyás, pero difieren en el énfasis con que presentan el papel del tribunal y en lo que su fallo debería significar en la práctica.